El costo fiscal por la baja de retenciones al agro sería del 0,26% del PBI, el mismo que para discapacidad

Según los cálculos del Iaraf, (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), la eliminación total de los derechos de exportación para el complejo oleaginoso y cerealero hasta el 31 de octubre de 2025, si se llegara al tope de liquidación de hasta US$ 7.000 millones que propone, supone tres posibles escenarios, que tendría variaciones en el costo fiscal de entre US$1.460 millones y US$1.600 millones.

 
Si se produjera un 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja el Gobierno perdería de recaudar alrededor de US$1.600 millones, es decir cerca del 0,26% del PBI.

 
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En el caso en que se produzca una liquidación de 60% de maíz y 90% de soja, el costo fiscal se acercaría a US$1.550 millones, un 24% del PBI. Finalmente si se produjera un tercer escenario con un 80% del stock de maíz y 80% del de soja, el costo directo sería del 0,23% del PBI.

 
Se trata montos similares a los que el Gobierno se niega a asignar para el aumento de las pensiones por discapacidad incluidas en la Ley de emergencia por Discapacidad votada y ratificada por el Congreso tras el veto oficial y que hoy el Gobierno anunció por Boletín Oficial que no aplicará hasta que el Congreso decida asignarle una partida presupuestaria concreta consignando el origen de esos fondos.

 
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Según el cálculo oficial, el monto total para ese gasto sería también del 0,26% del PBI, que calculado en pesos rondaría los $2 billones.

 
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Sin embargo, el costo fiscal calculado considera la liquidación de stocks, con el límite de US$7.000 millones, sobre un total posible de US$8.600 millones. Pero si se realiza el cálculo en base a la previsión que se tenía, el costo fiscal sería menor y hubiera llegado al 0,15% del PBI, que son aproximadamente US$1.000 millones. Es decir, la pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal que surge del Presupuesto 2026 de 0,3% del PBI. (APFDigital)