Los ministros firmaron un convenio para fortalecer el funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales, promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación del condenado y el adecuado tratamiento del procesado y la efectiva coordinación de la asistencia post penitenciaria.

“En ese fortalecimiento el gobierno nacional hace aportes a las provincias, lo que constituye una política de Estado que justamente tiende a velar por ese cuidado que se tiene que tener para que las personas que han cumplido una pena privativa de libertad puedan tener un apoyo para su reinserción en la sociedad”, explicó la ministra Romero al término de la reunión.